• No somos nadie

Derechos Humanos: ni tan derechos, ni tan humanos.

Mientras un solo argentino pida saber la verdad y no pueda acceder a ella, el derecho a la verdad, está siendo vulnerado.

El derecho a la verdad, tiene una dimensión individual, y una dimensión social o colectiva, ligada al derecho de los pueblos a conocer su pasado.


Argentina, marcada por las luchas de los organismos de Derechos Humanos, no parece darle demasiada importancia a este derecho, otorgándole en el ejercicio, una categoría y una respuesta menor, o lo que es peor, en un caso particular, como es el del Cementerio Militar Argentino de Darwin, ninguna respuesta.



Entre los Derechos Humanos, en particular el derecho a la verdad, es vulnerado sin que la sociedad se dé cuenta.

La expresión Derechos Humanos tiene en nuestro país, connotaciones ideológicas, llevando a pensar a ciudadanos comunes que solo algunos sectores afectados por la última Dictadura Cívico Militar, los gozan.

Como parte de la humanidad, los gozamos todos, y como humanos y ciudadanos estamos moralmente obligados a reclamar por ellos, y a impedir que se obstruyan.


La Comisión de Familiares de Caídos, presidida por Maria Fernanda Araujo, dispone de la verdad, ante la abúlica respuesta del Estado, con la excusa de que preside una ONG, que no es funcionaria pública y que no debe dar ninguna respuesta.


Los pedidos de un informe específico sobre los entierros de los soldados en Darwin, no son respondidos por esta entidad, no son respondidos por los organismos públicos de los que depende, Cancillería argentina dice no tenerlo, quien lo redacto ( Geoffrey Cardozo) da diversas respuestas de manera informal, que se contraponen unas con otras. Por ejemplo, en una comunicación dice que ambos gobiernos lo tienen, que no es secreto, y en otra dice que lo hizo para la Comisión de Familiares.


El diario Clarín público en 2018 sobre el pedido del gobierno británico, de la confección del mismo, ante la aparición de incongruencias en el cementerio.

También hubo otras respuestas, de manera informal, respecto de que ese nuevo informe no contenía información que pudiera ser relevante. Eso, en todo caso los decidirán las familias de los 16 soldados enterrados entre febrero del 83 y 2004. Ya que hoy, al saberse en que tumbas están, también podrían saber en qué circunstancias fueron hallados y de que manera fueron enterrados. Cada muerto y su familia es un universo de dolor, nadie tiene derecho a negarles esas respuestas. Que me consta, las han pedido.


¿Porque la importancia de este segundo informe? Fue redactado a pedido del Gobierno Británico en 2018, entregado vía embajada Británica en Argentina en diciembre de ese año y no hay un solo registro, o impiden el acceso al mismo, de que haya sido entregado. Si sabemos que la Comisión de Araujo lo tiene por sus propios dichos, por los de Cardozo y los de la embajada.

Es tan importante como el primero, fechado en 1983, porque contiene información sobre restos de personas argentinas, enterradas en Darwin, entre 1983 y 2004. En este último año mencionado, fue que se hizo la remodelación del cementerio, y la Comisión que tiene el manejo absoluto del mismo, dispuso de tumbas con restos de personas sin identidad, para nominarlas según amiguismos, conveniencias e impunidad.

¿Alguien puede creer que el Gobierno de Reino Unido no haya realizado una copia del mismo y haya compartido con el Gobierno Argentino? No



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La Comisión de Familiares de Caídos, depende según la ley, de la Comisión de Lugares Históricos, del Ministerio de Cultura de la Nación, y económicamente, no sabemos, (porque no informan), de que Ministerio del Estado, por lo tanto, sin ser un organismo público, debe proporcionar información sobre el Lugar Histórico que administran, que es el cementerio de Darwin, y el Estado así debe exigirlo.


Maria Fernanda Araujo, no es la dueña de los muertos, aunque seria ese el titulo ideal de la novela de su vida, por lo que debe responder a los organismos Públicos que le requieran información para otorgar a quienes la solicitan. Si es el estado el que no la exige, es quien está vulnerando derechos de las personas que requieren esa información.


Se han invisibilizado muertos, a sus familias, y se les ha asignado una categoría inferior, vulnerando todos sus derechos que tienen que ver con la identidad y la verdad.

Aunque se haya firmado un acuerdo nuevo por una de las tumbas múltiples, hay otra, cuyos familiares son ignorados por los deseos de otros cercanos a la comision.


“La búsqueda de la verdad histórica permite la comprensión acabada de lo sucedido en un país en un momento determinado. Este conocimiento de su historia por parte de un pueblo forma parte de su patrimonio y tiene por objeto preservar del olvido la memoria colectiva. Todo esto es imposible si no se garantiza el derecho de acceso a la información. Recién entonces podremos pensar que existe una garantía necesaria, aunque no suficiente, para que esa historia no se repita nunca más.

El Estado tampoco puede ampararse en que la información solicitada sencillamente “no existe”, que se perdió o la sustrajeron, pues tiene que demostrar todas las gestiones que llevó adelante para intentar recuperarla o reconstruirla. Debe impulsar políticas activas de relevamiento de archivos, conformar unidades de búsqueda y desclasificación de documentos que abarquen a todas las dependencias o instituciones que pudieran tener información relevante: organismos gubernamentales nacionales y locales; fuerzas armadas, de seguridad y de inteligencia; materiales reunidos por las comisiones de la verdad u otros órganos de investigación como el poder judicial y el ministerio público, etc. La decisión debe incluir una obligación clara para que todos estos organismos atiendan sus requerimientos con carácter de urgente y faciliten el acceso irrestricto a todas sus instalaciones.


Es en este marco en el que aparece con claridad la obligación estatal de crear y mantener archivos públicos en materia de derechos humanos.” (Fuente: Andrea Pochak)


La guerra de Malvinas fue producto de la Dictadura, no podemos seguir considerándola un hecho aislado.

El Estado Argentino, no posee o no expone un archivo sistemático de lo ocurrido con Darwin, la declaración de Lugar Histórico, carece de sentido, más que el personal de Araujo, de que no se abrieran las tumbas para dar identidad en aquel momento, hecho que no ocurrió gracias a la concreción del Plan Proyecto Humanitario.




Lamentablemente, es la Presidente de la Comisión el objeto de las críticas y reclamos, porque parece ser ella la que tiene las llaves para acceder a documentos históricos que les interesan a las familias de los caídos, que su comisión no tiene en cuenta, y a los historiadores y a la sociedad en general. Y el Estado y sus gestiones de gobierno no hacen nada para remediarlo.


Hay 230 tumbas en Darwin, no todas las familias dieron su consentimiento para la remodelación del 2004 porque no lo solicitaron, claro porque dispondrían de las tumbas múltiples para nominar padres de amigos. Tampoco todas esas familias están conformes con los resultados del Plan Proyecto Humanitario, y solo reciben respuesta aquellas que pueden ser cooptadas para los intereses de Araujo.

Por estos tiempos, ese interés pasa por lograr una ley, que le otorgue a los hermanos de los caídos (como ella), beneficios como tienen sus herederos universales.


La respuesta a un pedido de información la hizo por wasap, no escribe nada de manera formal, algo muy común en las personas que no quieren dejar rastros que sirvan a la justicia. Argumenta que no enviar el informe requerido es una decisión votada en asamblea, pero no muestra las actas de tal asamblea, que también fueron requeridas. Y se decidió no entregarme ese informe, porque no.


¿Una ONG puede vulnerar mis derechos, los de la sociedad y de los familiares que requieren el informe, y el Estado no hacer nada? Si, puede. De hecho lo hacen.


¿Qué están ocultando? Podría ser el mecanismo con el que se apropiaron de tumbas para poner nombres de familiares de miembros de la comisión.


Más allá del dolor que vincula a las familias afectadas por la guerra, con aquel momento de la historia, incluyendo a la propia Señora Araujo, los dolores no se pueden cuantificar. Los alcanza a todos por igual, pero el acceso a la verdad, que mitigue ese dolor, es solo para pocos.


¿Porque tenemos derecho a acceder a ese informe? Porque un informe sobre el entierro de nuestros muertos, héroes nacionales según la ley, sea del periodo que sea, debe ser público. Como el primer informe, no hay en éste, daros que vulneren la dignidad póstuma, ese primer informe es público y de acceso libre en el Archivo Nacional Británico.


El portal Argentina.gob.ar define el acceso a la información pública.

La Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública. El mecanismo de acceso a dicha información promueve el respeto de los principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad.


1. ¿A qué se llama información pública?

Son aquellos datos generados, controlados o conservados por los organismos públicos. Pueden ser mensajes, acuerdos, directivas, estudios, informes, oficios, normas, partes de expedientes, correspondencia oficial, actas, boletines o cualquier otra información escrita, fotográfica, grabada, en cualquier tipo de soporte (magnético, digital u otro).


2. ¿Qué significa acceso a la información pública?

Es la posibilidad que tienen vos y toda persona de obtener información en distintos formatos y soportes. Es una herramienta de rendición de cuentas que fomenta la participación ciudadana y te permite conocer las decisiones gubernamentales en asuntos fundamentales como la educación, la seguridad, la salud o la vivienda.


3. ¿Quiénes están obligados a brindarla?

A partir de la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública, están obligados los tres poderes del Estado, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, empresas, partidos políticos, universidades y sindicatos que reciban aportes públicos.


4. ¿Yo tengo derecho a acceder a la información pública?

Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información. No es necesario que demuestres tener un interés legítimo o particular, ni que te patrocine un profesional letrado (abogado, escribano, etc.)

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5. ¿Hay límites para obtener la información?

Si bien toda la información en poder del Estado se presume pública y accesible, está sometida a un régimen limitado de excepciones. Esto quiere decir que existen algunas restricciones, entre ellas:

  • Datos que afecten la intimidad de las personas (por ejemplo: domicilios o teléfonos particulares).

  • Información protegida por secreto bancario, por secreto profesional o por una estrategia de defensa en una causa judicial.

  • Información clasificada como reservada, confidencial o secreta por razones de defensa o de política exterior.

  • Notas internas con recomendaciones que formen parte del proceso previo a la toma de decisiones de la Autoridad Pública y que no integren un expediente.

  • Información exceptuada por leyes específicas.

La ley no admite excepción alguna si se trata de casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

Todos los puntos de este instructivo están siendo vulnerados por la apatía del gobierno de no exigir un documento fundamental para el pasado de la historia, para acceder a la identidad y a la verdad.


No hay interés alguno en dar respuestas, y habiéndose agotado todas las instancias, el 13 de Mayo de este año, se presentó una petición ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos.


Ellos deberán decidir, ya que los argentinos, en temas tan sensibles como este, estamos en manos de privados, (Comisión de Familiares) y de un Estado con un gobierno ausente.


Siempre recuerdo el cartel que rodeaba al Obelisco porteño " El silencio es salud" o los calcos que pegaban en los autos, " los argentinos somos derechos y humanos"


Alicia Panero

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