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Soledad Acuña: La ministra que cree que comemos vidrio

En setiembre de 2004, falleció Amparo, nieta del ex presidente Raúl Alfonsín, en un terrible accidente escolar. La joven de 14 años chocó contra una puerta vidriada, cayendo luego sobre uno de los vidrios rotos que se habían desprendido luego del golpe.

Este accidente puso en alerta a muchas comunidades educativas y la dirigencia política acusó el impacto.


También en el mes de setiembre, pero del año 2007, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ley 2448, denominada “ley de vidrios seguros”, impulsada por el legislador Macrista Mario Morando y por su colega, del hoy Larretista Partido de la Ciudad, Carlos Amejeiras.

Dicha norma fijó un plazo de cinco años para que escuelas públicas y privadas cambiaran sus vidrios por aquellos que, en caso de romperse, no se parten en pedazos cortantes y puntiagudos, que constituyen un grave peligro para los distintos integrantes de la comunidad educativa y, en particular, para los niños.


Transcurridos los cinco años de plazo, es decir, en el año 2012, la Ciudad no había cumplido con el objetivo fijado por ley, en relación a los establecimientos escolares públicos.

En efecto, los entonces opositores habían impulsado y aprobado una norma que, una vez oficialistas, intentarían dejar en el olvido.


En el año 2015, Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, ONG que preside el autor de esta nota, inició un amparo para lograr el cumplimiento pleno de la “ley de vidrios seguros”. Los argumentos defensivos de la Ciudad fueron muy pobres, y los podemos resumir de la siguiente manera: la tarea de recambio de vidrios fue planificada de forma tal que los vidrios no ajustados a la normativa vigente se iban cambiando a medida que se rompían. Es decir, a medida que ocurrían hechos que ponían en peligro la integridad personal de los niños. Todo lo contrario, en relación a lo que pretendía la norma: que los cambios se hicieran en un razonable plazo de cinco años, para que, en caso de roturas, los vidrios no revistieran mayor peligro para los alumnos y demás integrantes de la comunidad educativa.


Así, el día 18 de mayo de 2018, el Juez Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Dr. Francisco Ferrer, dictó una demorada, aunque ejemplar sentencia, que obligó al Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires a cumplir la “ley de vidrios seguros”, en un plazo de un año y medio. Y, además, estableció plazos de 30 y 60 días, respectivamente, para que el gobierno local presentara un detalle individualizado de la situación de cada escuela, y un plan de acción para completar la colocación de los vidrios reglamentarios.


Asimismo, la acertada decisión judicial destacó que el presupuesto de infraestructura escolar había sido sub-ejecutado en los últimos años, y que, en particular, un año después del dictado de la ley, en 2008, la ejecución de la partida de infraestructura no alcanzaba al 60%. Es decir que dinero había.





La Ciudad apeló el fallo, que fue ratificado por la Cámara. Acto seguido, y no conforme con el rechazo de su intento recursivo, interpuso un nuevo recurso, esta vez de in-constitucionalidad, que tampoco prosperó, momento a partir del cual, los plazos de la sentencia, comenzaron a correr. Pese a ello, el gobierno recurrió en queja a la máxima instancia de la Ciudad: el Tribunal Superior de Justicia.


Ahora bien, dado que el recurso de queja no suspende la ejecución de la sentencia, el Ministerio de Educación de la Ciudad está obligado hoy, y desde hace varios meses, a cumplir con el relevamiento de escuelas y con el plan de trabajos establecido en el fallo de primera instancia. Y dentro de nueve meses más, estará obligado a concluir con el reemplazo total de los vidrios no autorizados, por vidrios seguros.


Ante la inacción de la Ciudad, el Juez Ferrer intimó recientemente, a la Ministra de Educación, María Soledad Acuña, a presentar el relevamiento y el plan de trabajos, bajo apercibimiento de aplicarle una multa diaria de $ 10.000 por cada día de incumplimiento.


Para resumir, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está obligado por ley, desde hace 7 años, a tener colocados vidrios seguros en todas sus escuelas. No le bastó una norma legal, ni el natural instinto humano de proteger a los más indefensos, ni una sentencia de primera instancia que hoy es exigible, para ajustarse a derecho. No le bastó el peligro que significa para un funcionario, quedar expuesto a causas penales por daños a la integridad personal de niños que debió proteger. ¿Será el bolsillo de la Ministra Acuña el que defina la contienda para el lado de la legalidad? Bienvenido sea que se ajuste a derecho, aún impulsada por tan innobles motivos.


Mientras tanto, los que no comemos vidrio, sabemos muy bien que esa señora ya no debiera ser Ministra.


José Lucas Magioncalda

Abogado / Presidente de Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil

Imagen de portada “ Pixabay

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